Santo Domingo, RD.– El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, respondió a las denuncias sobre supuestas irregularidades en el tránsito internacional de mercancías con destino a Haití a través de la República Dominicana, al señalar que el país está obligado a permitir este flujo comercial en virtud de las normas y compromisos establecidos en acuerdos multilaterales de los que es signatario.
Arroyo explicó que el tránsito internacional de mercancías está regulado por disposiciones que buscan facilitar el comercio entre los países y garantizar que las cargas puedan atravesar el territorio de un Estado cuando tienen como destino final otra nación.
Entre los instrumentos internacionales citados por el funcionario figuran el Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el artículo 5 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que establecen principios relacionados con la libertad de tránsito de mercancías.
En ese sentido, indicó que República Dominicana no puede simplemente bloquear el traslado de mercancías hacia Haití cuando estas cumplen con los requisitos establecidos para operar bajo el régimen de tránsito internacional, debido a que una medida de esa naturaleza podría entrar en contradicción con los compromisos asumidos por el país en materia de comercio exterior.
La explicación de Arroyo se produce en medio de cuestionamientos relacionados con el creciente movimiento de contenedores que ingresan a territorio dominicano con mercancías destinadas al mercado haitiano. Las denuncias han planteado interrogantes sobre los controles aplicados para garantizar que esos productos efectivamente crucen la frontera y no sean desviados para su comercialización dentro de República Dominicana.
El titular de Aduanas sostuvo que la existencia de un régimen de tránsito no significa que las mercancías circulen sin controles. Por el contrario, las cargas deben cumplir con procedimientos aduaneros y estar sujetas a mecanismos de supervisión que permitan determinar su origen, destino y recorrido.
La situación ha adquirido mayor relevancia debido a la profunda crisis de seguridad que atraviesa Haití, donde grupos armados han extendido su control sobre amplias zonas del territorio y han afectado actividades esenciales para el funcionamiento de la economía y el comercio.
Uno de los sectores más afectados ha sido el transporte y la actividad portuaria. Ante los riesgos existentes en determinados puntos de Haití, las empresas navieras han tenido que modificar sus operaciones y buscar alternativas para garantizar que las mercancías puedan llegar a sus destinatarios.
En este escenario, parte de los productos destinados a Haití son descargados en puertos dominicanos y posteriormente trasladados por carretera hacia los pasos fronterizos, desde donde continúan su recorrido hacia territorio haitiano.
Esta situación ha provocado un aumento en el tránsito internacional de mercancías por República Dominicana y ha colocado a las autoridades aduaneras ante el desafío de mantener la facilitación del comercio sin descuidar la seguridad y el cumplimiento de las leyes nacionales.
El director general de Aduanas ha defendido que la solución no consiste en impedir el tránsito de las mercancías, sino en fortalecer los mecanismos de control para evitar que el régimen sea utilizado de manera fraudulenta.
Las autoridades buscan garantizar que los contenedores que ingresan al país bajo esta modalidad permanezcan identificados y puedan ser rastreados durante todo el proceso, desde su llegada a territorio dominicano hasta su salida hacia Haití.
De igual manera, se procura evitar que mercancías declaradas en tránsito sean descargadas, almacenadas o comercializadas irregularmente en el mercado dominicano, una preocupación que ha sido planteada por sectores productivos y comerciales.
Aduanas también enfrenta el reto de mantener un equilibrio entre la seguridad fronteriza, la protección del mercado nacional y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano.
Arroyo ha insistido en que República Dominicana debe cumplir las normas internacionales que garantizan el libre tránsito, pero esto no significa que las autoridades tengan que renunciar a sus facultades de fiscalización.
El funcionario sostuvo que las mercancías deben llegar al destino declarado y que cualquier intento de alterar su ruta, introducirlas ilegalmente al mercado nacional o evadir los controles establecidos constituye una violación que debe ser investigada y sancionada.
El incremento de estas operaciones también ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en la zona fronteriza, debido a la situación que impera del otro lado de la línea divisoria.
Mientras persiste la inestabilidad en Haití, República Dominicana continuará desempeñando un papel importante como punto de entrada y salida para mercancías destinadas al vecino país, lo que obliga a las autoridades a mantener una vigilancia permanente sobre las operaciones de tránsito.
El Gobierno dominicano sostiene que la prioridad es garantizar que el comercio legítimo pueda continuar, pero bajo controles estrictos que permitan impedir el contrabando, el desvío de mercancías y cualquier otra práctica que pueda afectar la seguridad económica y fronteriza del país.
