La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que la reciente confiscación de un gran buque frente a las costas de Venezuela tuvo como objetivo frenar el transporte de petróleo sujeto a sanciones internacionales. La funcionaria explicó que se trató de una operación coordinada entre distintas agencias federales con el propósito de impedir que crudo proveniente de países sancionados llegue al mercado internacional mediante rutas marítimas clandestinas.
Bondi detalló que la incautación forma parte de una estrategia más amplia implementada por Washington para reforzar el cumplimiento de las sanciones petroleras impuestas a determinados gobiernos. Según señaló, los operativos marítimos se están intensificando debido a que algunas embarcaciones utilizan prácticas como el apagado de transpondedores, el cambio irregular de banderas y la falsificación de documentos, con el fin de evadir los controles internacionales.
“Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado, continúa”, afirmó la fiscal en un mensaje publicado en su cuenta de X. El texto fue acompañado por un video en el que se observa la intervención de unidades militares estadounidenses durante el operativo, incluyendo helicópteros y equipos tácticos especializados en abordaje marítimo.
De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Bondi, el buque retenido transportaba una importante cantidad de crudo que presuntamente sería trasladado hacia refinerías en países aliados del gobierno venezolano. La operación, según indicó, representa un “paso firme” en la aplicación de las sanciones impuestas por Estados Unidos y envía un mensaje claro a las navieras y compañías que colaboren con el transporte ilegal de petróleo.
La fiscal general aseguró que este tipo de acciones continuará en los próximos meses y advirtió que cualquier empresa o capitán involucrado en el comercio de petróleo sancionado podría enfrentar consecuencias penales, confiscación de activos y restricciones financieras.
