Santo Domingo, RD. – El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto conocer este miércoles una acción directa de inconstitucionalidad que cuestiona varias disposiciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, modificada posteriormente por la Ley 17-95.
La iniciativa procura que sean eliminadas las consecuencias penales relacionadas con la posesión de sustancias controladas para consumo propio y el consumo privado, siempre que estas conductas no impliquen afectación o perjuicio a otras personas.
El recurso fue depositado por el abogado Affe Gutiérrez Gil, quien plantea al máximo órgano constitucional que declare contrarias a la Carta Magna las disposiciones impugnadas o, alternativamente, que establezca una interpretación de estas conforme a la Constitución dominicana y a los tratados internacionales de los que el país forma parte.
Entre los argumentos expuestos se encuentra el cuestionamiento a que una persona pueda ser sometida a persecución penal exclusivamente por consumir una sustancia o tenerla en su poder para uso personal, sin que exista afectación a terceros.
La acción sostiene que este tipo de penalización podría entrar en conflicto con determinados derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico dominicano, entre ellos la dignidad de la persona, el derecho a la intimidad y la protección de la salud.
El caso coloca nuevamente ante el Tribunal Constitucional el debate sobre los límites de la intervención penal del Estado frente a conductas relacionadas con el consumo individual de sustancias controladas y su compatibilidad con los derechos fundamentales.
