Santo Domingo, RD. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la madrugada de este martes su sentencia en el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G, declarando culpables a varios de los principales acusados por corrupción administrativa, lavado de activos, desfalco y enriquecimiento ilícito. Entre las condenas más severas figuran las impuestas al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre y al general retirado Juan Carlos Torres Robiou, ambos sentenciados a 20 años de prisión y al pago de 20 salarios mínimos del sector público tras ser hallados culpables de incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, Rafael Núñez de Aza fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos del sector público por asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En tanto, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora Rossy”, recibió una pena de 15 años de prisión y una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público por incremento patrimonial ilícito.
Además de las condenas penales, el tribunal ordenó una indemnización de cinco mil millones de pesos a favor del Estado dominicano, al considerar que las acciones cometidas por los implicados mientras dirigían el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) provocaron graves daños patrimoniales, institucionales, reputacionales y morales al Estado.
La sentencia, que involucra a 29 imputados, ha sido calificada como un precedente histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad. José Alberto Ortiz, miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), destacó que es la primera vez que una cúpula militar activa es condenada por hechos de corrupción cometidos durante el ejercicio de funciones públicas y señaló que se trata de la indemnización más alta otorgada a favor de una víctima en un caso de corrupción estatal.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el próximo 14 de agosto. El fallo representa un hito en materia de persecución de la corrupción pública al reconocer formalmente al Estado dominicano como víctima directa de graves daños ocasionados por las acciones de los condenados.
